La Fiscal General James Logra $2.3 Millones de Dólares y Reformas Para Proteger a los Consumidores Tras la Brecha de Datos de Labcorp

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, se sumó hoy a un grupo bipartidista de otros 43 fiscales generales para conseguir $2.3 millones de dólares y reformas clave para proteger a los consumidores de Laboratory Corporation of America (Labcorp), tras una brecha de seguridad de datos ocurrida en 2019 que afectó a millones de clientes de la compañía. El incidente de seguridad afectó a la agencia de cobranza de deudas de Labcorp, American Medical Collection Agency (AMCA), exponiendo potencialmente la información personal de más de 27.5 millones de personas en todo el país, incluidos 10.2 millones de pacientes de Labcorp, de los cuales 420,000 residían en Nueva York. Como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscal General James y la coalición, Labcorp renovará sus prácticas de seguridad de datos y desarrollará un nuevo sistema para compartir información con agencias de cobranza externas, con el fin de proteger a los consumidores. Asimismo, Labcorp pagará aproximadamente $2.3 millones de dólares a los estados, incluyendo cerca de $90,000 dólares destinados a Nueva York.

“Las empresas tienen la responsabilidad de proteger los datos privados de sus clientes, especialmente la información médica confidencial”, declaró la fiscal general James. “La información privada de salud de millones de pacientes quedó potencialmente expuesta debido a que Labcorp no protegió a sus clientes. Como resultado de nuestra investigación, Labcorp implementará cambios fundamentales para proteger a los pacientes y evitar que vuelva a ocurrir una brecha de seguridad de este tipo”.

AMCA está ubicada en Elmsford, Nueva York, y se especializa en el cobro de deudas médicas de bajo monto, principalmente para laboratorios y centros de pruebas médicas. Labcorp, establecida en Burlington, Carolina del Norte, ofrece servicios de pruebas de laboratorio para diagnóstico. Entre el 1 de agosto de 2018 y el 30 de marzo de 2019, un hacker accedió al sistema interno de AMCA y logró recopilar información personal de los clientes. A pesar de las numerosas advertencias de los bancos que procesan sus pagos sobre una posible brecha de seguridad, AMCA no detectó la intrusión. Dicha brecha expuso la información personal, incluidos números de Seguro Social, datos de tarjetas de pago, así como nombres de pruebas médicas y códigos de diagnóstico, de aproximadamente 420,000 residentes de Nueva York.

Como resultado de la investigación realizada por la Fiscal General James y la coalición, tendrá que realizar modificaciones exhaustivas en sus normativas de seguridad para proteger mejor a sus clientes, especialmente cuando interactúan con los proveedores de la empresa. Estos cambios incluyen:

• Mejorar el programa de seguridad de la información de Labcorp y desarrollar un plan de respuesta ante incidentes que incluya la notificación interna de las brechas de seguridad de los proveedores;
• Minimizar el intercambio de datos con proveedores, conciliando esto con las necesidades de las agencias de cobranza para cumplir con sus obligaciones legales;
• Ampliar el programa de gestión de riesgos de proveedores para incluir la exigencia de un equipo dedicado, el uso de herramientas de evaluación de proveedores y la verificación del cumplimiento por parte de estos;
• Implementar nuevos requisitos para las agencias de cobranza, exigir el cumplimiento de normas de ciberseguridad mediante contratos, segmentar los datos (que a menudo son consolidados por dichas agencias para múltiples clientes), exigir la realización de evaluaciones y auditorías, e incluir una cláusula de rescisión por incumplimiento; y
• Contratar a un evaluador externo para realizar una evaluación de seguridad de la información centrada en la gestión de riesgos de proveedores. 

Como parte del acuerdo, Labcorp pagará $2,287,455 dólares a los estados, incluidos $89,178 dólares a Nueva York. Este acuerdo complementará un acuerdo multiestatal con AMCA que la fiscal general James y la coalición lograron en 2021, el cual incluía un pago suspendido de $21 millones de dólares debido a la quiebra de la empresa.

La Fiscal General James lidera los esfuerzos para exigir responsabilidades a las empresas por las brechas de seguridad de datos que ponen en riesgo a los consumidores. En julio de 2026, la Fiscal General James logró que 23andMe pagará $18 millones de dólares por no proteger los datos genéticos de sus clientes. En noviembre de 2025, la Fiscal General James consiguió $1.7 millones de dólares de Illuminate Education tras el robo de datos confidenciales de estudiantes en una brecha de seguridad. En octubre de 2025, la Fiscal General James anunció que su oficina había obtenido $14.2 millones de dólares de ocho compañías de seguros de automóviles por no proteger la información privada de más de 825,000 neoyorquinos. En marzo de 2025, la Fiscal General James obtuvo $975.000 dólares de Root, una compañía de seguros de auto, y demandó a Allstate por no proteger la información de los neoyorquinos. En enero de 2025, la Fiscal General James consiguió $450.000 dólares de tres empresas distribuidoras de cámaras de video para seguridad doméstica por no proteger los videos privados de seguridad de los hogares de los consumidores.

Acompañando a la Fiscal General James en lograr este acuerdo se encuentran los fiscales generales de Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Misuri, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin, Virginia Occidental y el Distrito de Columbia.

Por parte de Nueva York, este asunto estuvo a cargo del subjefe de la Oficina de Internet y Tecnología, Clark Russell, bajo la supervisión de la jefa de oficina, Kim Berger. La Oficina de Internet y Tecnología forma parte de la División de Justicia Económica, dirigida por el Fiscal General Adjunto Principal Chris D’Angelo y supervisada por la Primera Fiscal General Adjunta Meghan Faux.

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